Miopía política en farmacia

Ya hemos dicho que la farmacia ha sido uno de los chivos expiatorios de la política de recortes que ha aplicado el Gobierno y las comunidades autónomas en la sanidad española desde 2009. No hay más que acudir a la estadística de gasto sanitario consolidado del Ministerio de Sanidad para comprobar cómo la partida de farmacia es la que ha sufrido el mayor mordisco en términos absolutos. Sólo los capítulos de salud pública y gasto en capital han encajado mayores ajustes en términos relativos.

El propio Ministerio de Sanidad ha reconocido que el objetivo de reducción del gasto en recetas está cumplido, que “ya nos encontramos en niveles europeos”. Para ello ha hecho falta acometer una drástica reducción de 2.125 millones de euros en la partida presupuestaria de recetas de los últimos doce meses, a costa de los ingresos del sector y el incremento de la aportación de los usuarios. La farmacia ha sido, de hecho, el primer contribuyente a la disminución de la factura sanitaria, según reflejan estas cifras, y ya no existe más margen de eficiencia, a diferencia de otras partidas presupuestarias que apenas sí se han tocado.

Por eso se entiende mal que muchas comunidades autónomas se sigan centrando con miopía política en la partida de los medicamentos, y lo hagan, además, con medidas que rayan la inconstitucionalidad, para sacar adelante sus presupuestos. Son medidas insostenibles, aparte de injustas con los ciudadanos.

Es el momento de que las administraciones miren más lejos y acometan cambios de futuro de mayor calado que permitan hacer viable el actual Sistema Nacional de Salud, sin asfixiar a un sector como la farmacia que ha contribuido más allá de sus posibilidades. Seguir por esta senda no contribuirá a la sostenibilidad del sistema e impedirá a la farmacia desarrollar todo su potencial asistencial en beneficio de los pacientes y del sistema público. Será un error de enfoque de consecuencias imprevisibles para la salud de los ciudadanos.