Los costes del ahorro y la recaudación en medicamentos

El Ministerio de Sanidad hizo el martes balance del primer año de aplicación del nuevo sistema de aportación farmacéutica que, como saben, elevó el copago a la población activa y, por primera vez, gravó el acceso a los medicamentos de la población pensionista con distintos topes mensuales en función de la renta del ciudadano.

Los resultados son muy claros para las comunidades autónomas. En 12 meses, se ahorraron en medicamentos 1.976,4 millones de euros gracias, sobre todo, al nuevo sistema de copago, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad. Por primera vez también, el número de recetas cayó en 145 millones. Esto no había sucedido antes y es un cambio relevante en la tendencia porque se frena el aumento de prescripciones. Hasta entonces, el gasto se había contenido en el corto plazo a costa de bajar los precios hasta llegar a tarifas ridículas, una medida que alimentaba, además, el gasto a largo plazo.

Sin duda, este balance es un alivio para las arcas autonómicas, ya que, gracias a la reducción del gasto en fármacos, pueden seguir financiando otras prestaciones y políticas aunque no sean tan prioritarias como la sanidad. Pero el coste de la medida lo han tenido que asumir los ciudadanos de su bolsillo y el sector farmacéutico, que ha sido el chivo expiatorio de la política sanitaria al cargar con el 79% del ajuste autonómico del gasto sanitario desde 2010, cuando la partida de recetas no representa más del 18% de dicho gasto.

La aplicación de los nuevos tramos de copago tiene, además, otra vertiente que conviene advertir, ya que ha exigido de las farmacias un trabajo extra para adaptarse con profesionalidad al nuevo sistema de contribución, para comprobar el nivel de aportación del usuario y explicar las novedades del modelo a la población. Sólo los farmacéuticos saben la dedicación y el tiempo invertido en esta tarea que cada vez deja menos tiempo para dedicarlo al paciente. Es sólo una parte de los costes regulatorios que también soporta el sector, que afectan a los ciudadanos y que no se recogen en ninguna hoja de resultados.