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No todo vale en la farmacia ‘online’: ni sorteos ni ‘influencers‘

El homólogo británico del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (GPhC, en sus siglas en inglés) informaba recientemente de la restricción de funcionamiento de tres farmacias online después de identificar “graves infracciones de seguridad para el paciente”.

Entre las infracciones detectadas, cabe destacar que en dos de los casos se estaban dispensando medicamentos de prescripción sometidos a control especial sin las debidas garantías, mientras que en otro se suministraban medicamentos veterinarios de prescripción en el extranjero que habían sido prescritos por un médico no colegiado en el Colegio de Veterinarios.

Son, sin duda, infracciones graves que no tienen cabida en la actual legislación española. Como saben, nuestra norma restringe la venta online a aquellos medicamentos que no requieren receta y siempre que sean dispensados por oficinas de farmacias autorizadas, identificadas con el logotipo común europeo como garantía para los ciudadanos sobre la legalidad del sitio web donde va a comprar medicamentos.

Lo que sorprende, y de forma positiva, es que el máximo órgano profesional inglés tenga competencias y actúe de oficio en tareas de inspección, imponiendo una sanción a los farmacéuticos responsables hasta que no incorporen las acciones de mejora previstas por el propio GPhC.

Según la normativa española, son las comunidades autónomas las que deben asegurar el cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 870/2013, que regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica.

Y deben ejercer estas competencias con diligencia y en coordinación con las autoridades sanitarias para que se cumpla escrupulosamente lo previsto en la ley, al objeto de que nadie, aprovechando la potencial falta de control o de claridad en los límites de la norma, se salte las reglas establecidas.

El pasado mes de julio, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez, se reunió con la directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, para abordar la creciente venta a distancia de medicamentos mediante aplicaciones y plataformas de compra, recogida y entrega que operan en Internet.

Nos preocupa, a la vista de la actividad de empresas intermediarias, que la Comunidad de Madrid se haya convertido en un entorno amable para las empresas que se dedican a probar y desarrollar distintos servicios telemáticos de intermediación, recurriendo a sorteos, sorpresas y colaboraciones incluso con influencers, dentro de una estrategia que tiene un perjuicio directo en la actividad de las oficinas de farmacia legalmente establecidas.

Consideramos que urge definir con claridad los límites legales de esta actividad de gran proyección futura para establecer así las condiciones de lanzamiento de nuevas soluciones telemáticas, siempre y cuando estén respaldadas por el canal autorizado y ofrezcan la máxima seguridad y calidad a los ciudadanos. Ese debe ser el objetivo último que debe perseguir nuestra actuación en este ámbito, con el fin de garantizar y exigir las mismas reglas y condiciones a todas las farmacias que han invertido en su apuesta digital y asegurar que la actuación profesional del farmacéutico siga siendo un “requisito inexcusable para la dispensación al público de medicamentos también a través de sitios web”, tal y como reza la propia ley.

 

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