El escándalo Vitaldent: ¿un aviso a navegantes?

Conforme se van conociendo más datos del fraude fiscal de la cúpula directiva de la cadena de clínicas dentales Vitaldent, más dudas razonables se generan entre los ciudadanos y clientes acerca de la continuidad y la calidad de los tratamientos recibidos.

En ningún caso vamos a poner en duda el trabajo realizado por los profesionales de estas clínicas, porque estamos seguros de que anteponen su deontología y la salud de sus pacientes a cualquier otra consideración. Pero sí es lícito preguntarse, como están haciendo las organizaciones de consumidores y también los colegios profesionales de este colectivo, sobre el alcance de las condiciones impuestas por los directivos de Vitaldent a sus franquiciados y cómo su desmedido afán de lucro puede haber interferido, por ejemplo, en la compra de material o tecnología y condicionado, en definitiva, los resultados en salud.

El Consejo General de Dentistas de España ha reiterado así su petición a las autoridades sanitarias de la necesidad de que la regulación española se adapte a la de otros países europeos, como Francia y Portugal, donde se prohíbe que personas ajenas al sector sanitario regenten este tipo de establecimientos. Esta corporación profesional reclama, con toda lógica, que la mayoría del patrimonio social y del número de socios de este tipo de sociedades corresponda a socios profesionales para así “vincular la prestación del servicio al conocimiento y a la buena ética y praxis profesional”.

Las cautelas existentes en la regulación de la titularidad/propiedad de la farmacia o en la apertura de oficinas de farmacia no son, ni mucho menos, privilegios gratuitos de un colectivo profesional determinado, sino garantías para los ciudadanos de que los profesionales anteponemos la salud a cualquier otra consideración económica.

Desde luego que no pretendemos hacer una lectura precipitada ni interesada, pero sí que nos volvemos a preguntar por qué la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia está defendiendo con tanto ahínco la ruptura del actual modelo de regulación de la farmacia que ha impedido escándalos como los que hoy afectan a distintas cadenas de clínicas dentales. ¿Cuáles son los intereses que defiende?

Ningún otro país, como bien saben quienes impulsan este tipo de informes, disfruta de una red con un mayor número de oficinas de farmacia abiertas, ni se puede plantear una situación de competencia con precios intervenidos, como ocurre con los medicamentos en España, a no ser que nos despreocupemos por completo de la obligación de garantizar una prestación farmacéutica en las  mismas condiciones de calidad y seguridad a los ciudadanos.

Volviendo a la realidad de las clínicas dentales, comprobamos hoy que el número de dentistas por habitante en España multiplica por seis la tasa recomendada por la Organización Mundial de la Salud de uno por cada 3.000 habitantes. Vemos también que la proliferación de establecimientos dentales no conduce necesariamente a un mejor servicio para los ciudadanos, sino a una competencia que no siempre trae los resultados deseados. Las agresivas campañas de publicidad en los medios de comunicación no son el mejor reclamo cuando se trata de la salud, porque seguimos pensando que los pacientes no son clientes ni consumidores, ni tampoco caben ofertas con la salud porque, como bien dicen nuestros colegas odontólogos, “la salud de las personas nunca está de oferta”.