Correos, carteros y medicamentos

Es una propuesta electoral del PSOE y solo conocemos el titular: “Fortalecer el papel de Correos en el medio rural para que, a través de sus oficinas, puedan prestar servicios bancarios y entregar medicamentos”.

Como dijo el presidente del COFM, lo primero que nos viene a la cabeza como farmacéuticos es que nos ha costado mucho esfuerzo y dedicación ganarnos la confianza de los ciudadanos para abrir ahora el canal de distribución de medicamentos a Correos, máxime cuando acabamos de lanzar el sistema SEVeM para blindar aún más la prestación farmacéutica contra las falsificaciones.

A falta de conocer la letra pequeña, ya hemos dicho que nos parece una ocurrencia electoral de última hora que no tiene ningún sentido legal, económico ni, por supuesto, sanitario. Supone desconocer por completo cómo funciona el sistema de distribución farmacéutica en España y las atribuciones de los farmacéuticos en la dispensación de medicamentos.

En lugar de potenciar la farmacia rural, donde tres de cada cuatro farmacias se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes, se pretende puentear ahora la figura del farmacéutico para ofrecer un servicio de mensajería de tercera a las personas que viven en el medio rural. De hecho, es mucho más probable que estos pueblos rurales cuenten con una farmacia abierta que con una oficina de Correos. ¿Dónde está la utilidad para los ciudadanos?

Además de su más que cuestionable encaje legal, cabe decir también que es una propuesta que juega con la salud de los ciudadanos y que abre más desigualdades en la atención sanitaria. Porque, ¿quién controla la eficacia del tratamiento? O ¿quién atiende las dudas del paciente o informa de los efectos secundarios? ¿El cartero?, por no mencionar la privacidad de los datos del paciente o la seguridad que ofrece el camión de reparto de Correos.

Es, en definitiva, un ataque frontal al modelo de farmacia y la pregunta que debemos hacer es si el Partido Socialista defiende el modelo o está buscando vías para acabar con una red cuya principal virtud es garantizar a todos los ciudadanos españoles el acceso a su medicación a través de un profesional y no de un cartero.